lunes, 16 de mayo de 2011

Senado vendió a Monsanto la semilla campesina e indígena

Senado vendió a Monsanto la semilla campesina e indígena 

 

Con 13 votos a favor (de la derecha y uno de la Concertación), 5 en contra y 6 abstenciones, el Senado de Chile aprobó el 11 de mayo el Convenio UPOV 91 que impedirá a los campesinos guardar la semilla y extenderá el tiempo de vigencia de los derechos y garantías de las transnacionales que vendan semillas híbridas y transgénicas en el país. El senador Eugenio Tuma (Araucanía, PPD) se unió a los sepultureros de la agricultura campesina, que aportaron nichos marca UDI y RN, mientras Ximena Rincón (Maule) y Jorge Pizarro (Coquimbo), ambos del PDC junto a José Antonio Gómez (Antofagasta, PR), Alejandro Navarro (BioBio, MAS), y Jaime Quintana (Araucanía, PPD) rechazaron decididamente la iniciativa. Ximena Rincón fundamentó su voto expresando que serán los campesinos chilenos quienes pagarán el costo de la adhesión a este convenio. Argumentó que antes de votar, debió haberse debatido la Ley sobre Derechos de Obtentores Vegetales que deroga la ley Nº 19.342 por la cual se creó en Chile el registro de especies vegetales. Mediante esa ley, el país firmó la versión anterior de este convenio, cuyos términos eran menos lesivos para la agricultura. La protección a la que se refiere el convenio es el pago de una suerte de patente, el llamado “derecho de obtentor”, por la compra de semilla campesina registrada por las trasnacionales semilleras luego de ser manipulada genéticamente. La votación tuvo lugar en medio de un ambiente callejero de rechazo generalizado a la aprobación del proyecto Hidroaysén que puso en relieve el carácter depredador del modelo chileno de negocios y “desarrollo”, ahora refrendado por esta nueva decisión legislativa. El Senado y el gobierno de Chile marcan inequívocamente su postura de alianza con las transnacionales y de entrega del patrimonio del país.

Indignación campesina e indígena La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas y Terram, invitadas a expresar su opinión ante el Senado, habían mostrado ante la Comisión de Agricultura su repudio a esta iniciativa. El año 2010 en la Cámara de Diputados, Anamuri, Ranquil, los productores orgánicos, el obispo de Aysen, RAPAL, la Alianza por una Mejor Calidad de Vida, Grain, OLCA, y diversas organizaciones regionales y locales ya habían expuesto su rechazo a este convenio y al proyecto de ley de obtentores. Por su parte, el mismo día de esta votación, la Red legislativa Indígena y de Políticas Públicas exigió en carta dirigida al Presidente del Senado Guido Girardi, ser escuchada, dado que se omitió la consulta a los pueblos indígenas estipulada en el Convenio 169. La agrupación cree que “esta es la usurpación que quedaba. Ya nos quitaron la tierra, el agua, ahora nos quieren quitar los cultivos y las hierbas medicinales…El Estado roba, y luego aplica leyes antiterroristas o militarización cuando las comunidades protestan”. Entre otras organizaciones la red incluye a la Corporación Aymara Jach-a Marka Aru, a la comunidad huilliche Pepiukelen, y a representantes del pueblo RapaNui, del consejo Nacional Aymara, la alianza Territorial Mapuche, a Lakutun (Región Metropolitana), a Trawun Mapuche-huilliche de Pargua y a comunidades de Tirúa sur. Los indígenas también recordaron que “el UPOV 91 ha sido resistido por indígenas de todo el mundo, pues ellos también han advertido que es una nueva forma de robo legal de plantas que hemos intervenido, cruzado y modificado a través de técnicas ancestrales y protegido en caso de peligro, sequía o monocultivo. La papa chilota continua viva gracias a nosotros, no gracias a las transnacionales”.

Violación de un derecho humano La selección, mejoramiento e intercambio de semilla –trafkintu en mapudungun- es un derecho humano de los agricultores y pueblos indígenas del mundo, reconocido incluso en el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO y reivindicado por Vía Campesina y por la CLOC, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. De esta manera, las mujeres campesinas e indígenas y las comunidades campesinas son las verdaderas gestoras de la diversidad y riqueza genética que usurpan las cororaciones semilleras, ahora con la venia del Senado de Chile. La Alianza por una Mejor Calidad de vida ha denunciado que este convenio privatiza la comercialización, la importación y exportación de la semilla. Sostiene Alicia Muñoz, dirigente de ANAMURI: “El agricultor deberá comprar todos los años su semilla si no quiere ver confiscada su cosecha, sus cultivos y plantaciones. El convenio no garantiza que las variedades sean mejores o estén accesibles en Chile. Puede darse incluso el caso de que por razones comerciales se impida el ingreso de una determinada variedad en Chile. Para registrar una planta sólo se pide que no esté inscrita antes y que la variedad sea homogénea y estable. Mientras más homogéneas son las plantas, menos capacidad tendrán para resistir fenómenos como la sequía o el cambio climático, al contrario de lo que ocurre cuando hay biodiversidad.”

Los amigos de Monsanto La iniciativa resistida por todas las organizaciones campesinas con base social, será remitida al presidente Piñera para su promulgación, según el boletín de prensa del Senado. Los votos a favor correspondieron a los senadores Carlos Cantero (Antofagasta, Independiente); a los UDI Juan Antonio Coloma y Hernán Larraín (ambos de Maule), Pablo Longueira y Jovino Novoa (ambos de RM) y Jaime Orpis (Tarapacá); y a los RN Francisco Chahuán (Valparaíso), José García, Alberto Espina (ambos de Araucanía), Carlos Kuschel (Región de Los Lagos), Carlos Larraín (Valdivia), Baldo Prokurica (Atacama), más el PPD Eugenio Tuma (Araucanía, PPD). La cómoda abstención estuvo a cargo de los PS Camilo Escalona (R Lagos) y Juan Pablo Letelier (O’Higgins), junto a los DC Hossain Sabag (BioBio), Patricio Walker (Aysén) y Andrés Zaldívar (Maule) y Antonio Horvath (Aysén RN). Los defensores del proyecto aludieron a los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, Japón y la Unión Europea argumentando que Chile estaba obligado a firmar el convenio citado. El senador Alejandro Navarro, criticó estos Tratados y agregó que países claves en agricultura en América del Sur como Brasil y Argentina, se han adherido sólo a UPOV '78 y no al '91.
Asimismo, hizo ver que las implicancias de este convenio debieron haber sido difundidas hacia la comunidad. Por su parte, el senador Jaime Quintana, se mostró en contra de ratificar este proyecto y explicó que "afectará a los productores agrícolas nacionales". También criticó la ausencia del Ministro de Agricultura en la discusión en la Sala. A su juicio, "para que este convenio tenga valor, Chile debe contar con la ley de obtentores de vegetales que todavía no lo votamos; si aprobamos este proyecto de acuerdo va a ser letra muerta". El senador Eugenio Tuma puso una nota de humor al informar a sus colegas que él conoce a campesinos que salieron de la pobreza por construir invernaderos y pagar semillas de calidad. Sin embargo no entregó estadística alguna en respaldo de su anécdota.
 
UPOV y lobby empresarial La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV, es una organización propiciada por las transnacionales comercializadoras de semillas y respaldada por los gobiernos, de la que Chile es parte. En los primeros años producían híbridos y hoy también transgénicos. Entre ellas están las empresas Monsanto –que controla más del 90% del mercado de la semilla transgénica- Syngenta, Bayer, y Dupont/Pioneer. Las ventas de semillas y plaguicidas les reportan enormes ganancias a costa de la destrucción de la agricultura campesina, remplazada por la agroindustria y los monocultivos de semillas transgénicas. El precio de los alimentos, según FAO, se encuentra actualmente en los niveles más altos de la historia. El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV) ha sido modificado en tres oportunidades: 1972, 1978 y 1991. En Chile el exitoso lobby empresarial para que Chile, firmante de UPOV 78, adhiriese a UPOV 91 fue encabezado por Monsanto a través de ChileBio con el apoyo de ANPROS (la asociación gremial de productores de semilla transgénica de exportación) y del Diario Financiero, virtual vocero del negocio de exportación de semilla transgénica. El gobierno y senado chileno finalmente se rindieron a la presión adicional del Presidente Obama, cercano a Monsanto, quien traía en su agenda de visita a Chile, el tema del respeto a la propiedad intelectual. --

x Lucía Sepúlveda Ruiz www.periodismosanador.blogspot.com

ENCUENTRO DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y DIRIGENTES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS - 2011


Seminario
Días 2 y 3 de mayo 2011
1er. Encuentro.

Distr. GENERAL

DECLARACIÓN
ENCUENTRO DE AUTORIDADES
TRADICIONALES Y DIRIGENTES DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS - 2011

Las autoridades tradicionales y dirigentes de las comunidades y organizaciones de los
pueblos indígenas en Chile. De forma autogestionada, se auto-convocaron para debatir,
discutir y decidir sobre la “Consulta, Reconocimiento Constitucional, Institucionalidad y
Gobernabilidad”, en el “Encuentro de Autoridades tradicionales y dirigentes de los Pueblos
Indígenas- 2011” realizado los días 2 y 3 de mayo del presente año. Por esta razón, hoy,
hacemos un llamado a la solidaridad y fraternidad de los pueblos indígenas hermanos del
mundo, a estar atentos a cómo los Estados de manera restrictiva han implementado los
derechos de los pueblos indígenas, anulando derechos sustantivos establecidos en el
Convenio169 de la OIT. Por lo que, a continuación, realizamos una Declaración a la opinión
pública Nacional e Internacional dando a conocer las siguientes resoluciones de este
trascendental encuentro, en la que exigimos al Estado de Chile lo siguiente:

I.- LA DEROGACIÓN DEL ARBITRARIO DECRETO SUPREMO 124 DEL MIDEPLAN
QUE REGULA LA CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

Las autoridades tradicionales y dirigentes indígenas reunidos en este encuentro consideran un
paso fundamental, para todo, en el proceso de diálogo con el Estado: la DEROGACIÓN del
Decreto 124 del MIDEPLÁN. Dicho Decreto 124 es hoy uno de los principales obstáculos para la
aplicación del Convenio 169 en Chile, pues atenta contra su esencia, que es; la consulta y
participación efectiva de los pueblos indígenas en la adopción de las medidas legislativas y
administrativas que les conciernen. Por consiguiente, exigimos la derogación inmediata del Decreto
Supremo Nº 124 de Mideplan, como señal concreta, y un requisito clave para cualquier proceso de
diálogo válido.

II.- DETENER EL PROCESO DE “CONSULTA” A LOS PUEBLOS INDÍGENAS
ANUNCIADO POR EL GOBIERNO DE CHILE.

Frente al anuncio realizado por el Gobierno de “una gran consulta” sobre institucionalidad indígena,
supuestamente para cumplir con el Convenio 169 de la OIT, señalamos que, en la práctica se ha
traducido en un auténtico “voladores de luces”, para evadir la implementación del derecho a la
consulta, participación efectiva y amplia; con el consentimiento libre, previo e informado de los
pueblos indígenas establecidos en las normas (Artículo 6 N° 1 letra a) y N° 2, y 7 N° 1 oración
segunda, y Art.15) del Convenio 169 de la OIT. Dichas normas del convenio, han sido coartadas y
suplantadas mediante el Decreto Nº 124. Por consiguiente, exigimos detener ese proceso por no
ajustarse a los estándares internacionales y obligaciones del estado contraídas en conformidad al
Tratado Internacional de Derechos Humanos; Convenio 169. Así como, tampoco a otras
recomendaciones internacionales que establecen procedimientos adecuados para la Consulta
hacia los pueblos indígenas.

III.- DETENER EL PROCESO DE CONSULTA LLEVADO A CABO POR EL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) PARA EL CENSO 2012.

Ante la propuesta de “consulta” que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) respecto al
próximo Censo de Población y Vivienda del 2012, exigimos se paralice de forma inmediata dicho
proceso conspicuo de “consulta express” que introduce elementos subjetivos que apuntan a
esconder mediante “subdeclaraciones” la población real de los pueblos indígenas. Por lo que,
alertamos que la “propuesta” de pregunta sobre los indígenas que plantea el INE, va en la
dirección de un GENOCIDIO ESTADÍSTICO y la continuidad de la negación política de los
derechos colectivos de los pueblos indígenas y, principalmente, del pueblo mapuche.
Transformando las identidades territoriales internas del pueblo mapuche, en pueblos seccionados
(pueblo pewenche, pueblo lafkenche, pueblo pikunche, etc.), y así reducirlo a una minoría
estadística.
Por consiguiente, exigimos al Gobierno que detenga ese proceso por no ser una
consulta válida según las normas del Convenio 169, sino una mera encuesta. Atenta contra los
temas sustantivos del “sujeto” pueblo indígena, contra los principios de la buena fe y el
consentimiento libre previo e informado.

IV.- DENUNCIAR LA ACTITUD DE PARCIALIDAD QUE HA TENIDO LA OIT-CHILE
PARA EL CONO SUR A ORGANISMOS INTERNACIONALES

Hacemos público nuestro profundo rechazo frente a las declaraciones que ha entregado una
personera de la OIT-Chile ante el Parlamento chileno, y en diversas exposiciones. En dichas
declaraciones; la funcionaria ha pretendido desconocer la obligación del poder legislativo de
consultar a los pueblos indígenas, justamente, cuando hoy se debaten leyes que afectan a los
pueblos indígenas en el congreso. Sus acciones y actitud marcan un precedente de retroceso en
cuanto a los procesos de consulta llevados a cabo no sólo en Chile sino que en varios países del
Cono Sur. Ante esta situación se solicitará a la OIT-Chile su rectificación.

V.- QUE SE ASIGNE PRIORIDAD ACORDAR UN NUEVO PROCEDIMIENTO DE
CONSULTA CON NUESTRA PLENA PARTICIPACIÓN Y QUE CUMPLA CON LAS
NORMAS INTERNACIONALES

Llamamos al Gobierno y al Congreso para que asignen prioridad a encontrar un nuevo “mecanismo
de consulta” y acordar con los pueblos indígenas los respectivos procesos de diálogo para acordar
dichos reglamentos definitivos que deberán establecer la consulta previa de las medidas
administrativas y legislativas que les conciernen a los pueblos indígenas, aplicando las normas
internacionales.

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SUB-ANEXO:

DEROGACIÓN DE PROYECTOS - DECRETOS INCONSULTOS E INCONSTITUCIONALES

A. - PRÓRROGA DEL DECRETO LEY 701/ PROYECTO IN-CONSULTO

Denunciamos la inconstitucionalidad del Decreto con Fuerza de Ley Nº 701 que se ha prorrogado
sin la existencia de consulta y participación de los pueblos indígenas, el año 2010. Este Decreto
Ley desde su promulgación en 1974 ha permitido la expansión de empresas Forestales (Mininco-
CMPC, Bosques Arauco,etc), a costa del despojo de nuestras tierras y territorios con la destrucción
de nuestros sitios sagrados, patrimonio cultural y biodiversidad. En rigor, esta prórroga significa
que, ahora, se obligará de forma tácita a que los mapuche desarrollen una política “forestal
minifundista”.

Las autoridades representadas en los Intendentes de la VIII y IX regiones han garantizado la
inversión forestal e implementado una política de protección hacia las Empresas Forestales, y para
las comunidades mapuche han garantizado “unas jarras de agua” a través de pequeños proyectos
de pozos profundos. Cuando, son -justamente- las zonas con mayor concentración de empresas
forestales, las que sufren la mayor escasez de agua; debido a que los monocultivos de pinos y
eucaliptos han secado y contaminado las napas subterráneas. Asimismo, son las zonas con mayor
concentración de pobreza y desempleo. Todo esto ante la indiferencia e irresponsabilidad de las
autoridades políticas del Estado que sólo se han limitado al accionar de prácticas represivas y de
criminalización de nuestras demandas de tierras, sin ir a la base del problema. Por lo que hoy se
ha llegado a un punto límite de alarma ambiental que afecta no sólo al pueblo mapuche sino
también a comunidades del pueblo chileno.

Por consiguiente, exigiremos la derogación del Decreto Ley Nº 701. Los pueblos indígenas
no seguiremos aceptando y validando un decreto ley que no cumple con las normas medio
ambientales y de respeto a los derechos humanos. Igualmente, no validaremos su prórroga,
puesto que tal proyecto no fue consultado, por tanto, no tiene validez alguna para los
pueblos indígenas.

B. - RATIFICACIÓN DEL CONVENIO UPOV- 91 SOBRE OBTENTORES VEGETALES /
PROYECTO IN-CONSULTO / LA VIOLACIÓN DE UN DERECHO HUMANO

El día 11 de mayo el Senado de Chile aprobó el Convenio “Unión Internacional para la Protección
de las Obtenciones Vegetales - UPOV 91 (organización propiciada por transnacionales
comercializadoras de semillas; que privatiza la comercialización, importación y exportación de la
semilla). Lo que significa que a los indígenas y campesinos se les impedirá guardar la semilla y
extenderá el tiempo de vigencia de los derechos y garantías de las transnacionales para que
vendan semillas híbridas y transgénicas en Chile. La “protección” a la que se refiere dicho convenio
es al pago de una patente llamada “derecho de obtentor”, por la compra de semilla campesina
registrada por las trasnacionales semilleras (como Monsanto) luego de ser manipulada
genéticamente. El indígena deberá comprar todos los años su semilla si no quiere ver confiscada
su cosecha, sus cultivos y plantaciones. Sin considerar que los campesinos indígenas en la
práctica se pasan semillas de unos a otros y no saben de registros.

La selección, mejoramiento e intercambio de semilla –TRAFKINTU en mapudungun- es un
derecho humano de los pueblos indígenas del mundo, reconocido incluso en el Tratado de
Recursos Fitogenéticos de la FAO y reivindicado por Vía Campesina y por la CLOC, la
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Por tanto, son las mujeres
indígenas y comunidades campesinas las verdaderas gestoras de la diversidad y riqueza genética
que usurpan las transnacionales semilleras como Monsanto. El UPOV 91 ha sido resistido por
indígenas de todo el mundo, pues es una nueva forma de robo legal de plantas cruzadas,
intervenidas y modificadas a través de técnicas ancestrales y protegidas en caso de peligro,
sequía o monocultivo. La papa chilota, por ejemplo, continúa viva gracias a estas técnicas
ancestrales, no a las transnacionales. Así, podemos ver como nos arrebatan la tierra, el agua, y
ahora nos despojan del derecho -humano- a nuestros cultivos, las hierbas medicinales y el
patrimonio de nuestra diversidad biológica.

Los senadores defensores del proyecto aludieron a los Tratados de Libre Comercio con Estados
Unidos, Japón y la Unión Europea argumentando que Chile estaba obligado a firmar el convenio
citado. Sin embargo, eludieron nombrar que hoy rige también el Convenio 169, el que Chile está
obligado a cumplir. Y que, según sus normas, el Senado debió realizar la consulta previa e
informada a los pueblos indígenas. Es decir, se cumple con un convenio comercial antes que, con
un Convenio de Derechos Humanos. Así, el Senado y el gobierno de Chile marcan su postura de
alianza con corporaciones y de entrega de nuestra diversidad biológica a las transnacionales.

Por consiguiente, los pueblos indígenas en Chile declaramos que no validaremos tal
convenio comercial; UPOV 91, porque atenta contra nuestra diversidad biológica y derechos
humanos. Asimismo lo declaramos ILEGAL porque el Senado omitió la obligatoriedad de la
consulta previa a los pueblos indígenas que establecen las normas del Convenio 169.

MENSAJE DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE:

Hoy la Corte Suprema inicia la revisión del viciado juicio de cañete, el más vergonzoso de la
historia jurídica de este país, y esperamos que el máximo tribunal de Chile reestablezca el
estado de derecho, los que han sido negado a nuestros hermanos por la mayoría de los jueces
de cañete, que coludidos con fiscales del Ministerio Público, y los grandes empresarios;
dueños de este país, han condenado a cuatro de nuestros hermanos a 20 y 25 años de prisión.
Los que, además, hoy cumplirán 60 días en huelga de hambre. ¿Cuál es el delito que
cometieron?, luchar por la reivindicación de los derechos ancestrales de nuestro pueblo
mapuche. Olvidan esos jueces que todos los organismos internacionales de derechos
humanos han señalado en reiteradas veces que la lucha del pueblo mapuche es "una lucha
social y política" y que, por lo tanto; "no se puede criminalizar la justa lucha del pueblo
mapuche".

Por eso llamamos a todas las organizaciones indígenas de este país y las organizaciones
sociales en general a apoyar esta justa lucha de nuestros hermanos, que es la lucha de la
dignidad de un pueblo. A exigir la libertad de los PPM!!

También recordamos a nuestros hermanos que, en la búsqueda de justicia y
recuperación de tierras usurpadas por latifundistas y el empresariado forestal, fueron
muertos cobardemente por la espalda

MARRICHIWEW, WEIWAIÑ!!



INFORMACIONES:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=12fee5540c604504&mt=application/pdf&url=https://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik%3Dd8c07ff4d6%26view%3Datt%26th%3D12fee5540c604504%26attid%3D0.1%26disp%3Dattd%26realattid%3Df_gnohcuwt1%26zw&sig=AHIEtbS2w9hGUNHbZpx0b_OzIQMViYtbyw&pli=1

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jueves, 2 de diciembre de 2010

En el Día Mundial por el No-Uso de Plaguicidas

El 3 de diciembre conmemoramos el Día Internacional por el NO Uso de Plaguicidas para hacer un llamado de atención, especialmente a las autoridades de Agricultura, Salud y Trabajo, sobre los graves problemas sanitarios y ambientales generados por el uso de agrotóxicos a nivel nacional y global.


En Chile, al mes de septiembre de 2010 hay 379 notificaciones de intoxicaciones agudas por plaguicidas, 39 casos más que el año pasado a la misma fecha. Pero la cifra real es muy superior, porque se estima que sólo se notifica 1 de cada 4 casos. Las mujeres temporeras son las más afectadas, representando un 72% de las intoxicaciones masivas (brotes) registradas en este período. Un 67,3% de las intoxicaciones ocurren en las faenas agrícolas, y un 17,2% son intentos de suicidio o de homicidio. A septiembre de este año, las muertes notificadas son 6, correspondiendo a 4 suicidios, 1 muerte de origen laboral y 1 homicidio (REVEP/MINSAL 2010).


Las regiones que presentan mayor número de casos son: Metropolitana con 130 casos de intoxicaciones (tasa de incidencia acumulada -TIA- de 1,9 por cada cien mil habitantes); O’Higgins, con 66 casos (TIA 7,5); BíoBío con 44 casos (TIA 2,2); Maule, 35 casos (TIA 3,5). Arica-Parinacota con 35 casos (TIA 18,9). La situación de Arica es preocupante y está ligada a la acelerada expansión de monocultivos, y se puede agravar aun más por el aumento de semilleros transgénicos.


Por otra parte, la estadística oficial nada dice sobre los negativos impactos de las fumigaciones aéreas realizadas sobre comunidades vecinas a faenas agrícolas, un problema que se ha agudizado en los últimos años. Como consecuencia de ello, ha aumentado el número de comunidades organizadas para exigir el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación por plaguicidas.


Es relevante destacar que un 23% de los casos ocurridos en Chile fueron causados por plaguicidas de las categorías extremada y altamente peligrosos (1a y 1b), cuyo uso está permitido. En el Senado está en primer trámite constitucional un proyecto de ley de prohibición de este tipo de agrotóxicos. Una iniciativa similar fue boicoteada el año 2009 por parlamentarios con intereses ligados a la industria agroquímica.


La conmemoración del 3 de Diciembre fue establecida por 400 organizaciones miembros de la Red de Acción en Plaguicidas, PAN Internacional (Pesticide Action Network) en memoria de más de 16.000 personas fallecidas en Bophal, India, en 1984, debido al escape de 27 toneladas del gas tóxico metil isocianato, utilizado por la transnacional agroquímica Union Carbide para fabricar plaguicidas.


Este y muchos otros graves accidentes han ocurrido en el mundo desde que se impuso la agricultura de monocultivos con uso intensivo de plaguicidas. Se ha contaminado el aire, suelos, aguas y alimentos causando profundos desequilibrios en los ecosistemas, graves impactos en la biodiversidad, deforestación y pérdida de la fertilidad de los suelos. Además contribuyen al cambio climático. Estos costos han sido externalizados por la industria agroquímica y continúan siendo asumidos por la población afectada y el Estado.


El mayor costo social son las muertes y las intoxicaciones agudas y crónicas que afectan a trabajadores/as agrícolas y a la población expuesta a plaguicidas, como también a quienes consumimos, sin saberlo, alimentos con residuos de agrotóxicos dañinos para la salud.


En América Latina y en Chile, el uso de plaguicidas ha intoxicado a millones de personas, cobrando miles de víctimas, muchos de ellos niños trabajadores del campo o hijos de asalariados agrícolas. Sin embargo, nadie ha asumido la responsabilidad por estos crímenes que permanecen impunes.


En Chile se venden sin restricciones y se usan plaguicidas altamente peligrosos, con efectos cancerígenos, causantes de malformaciones congénitas (detectadas por estudios en la región de O'Higgins) y alteradores de los sistemas nervioso, reproductivo e inmunológico.


En 2009, se importaron sobre 30.813 toneladas de agrotóxicos, con un valor de US$ 212.392. A octubre de 2010, se importaron 28.135 toneladas de plaguicidas, con un valor de US$ 200.148 (ODEPA 2010).


Por un Chile libre de plaguicidas y por una alimentación sana:


Exigimos que se prohíba el uso de los plaguicidas altamente peligrosos por su efecto agudo y/o crónico. Para todos estos agrotóxicos existen alternativas químicas menos dañinas y pueden ser reemplazados por métodos agroecológicos de control de plagas y enfermedades, como recomienda FAO.


Demandamos se cancele el registro del endosulfán, insecticida organoclorado contaminante orgánico persistente, extremadamente dañino para la salud. Por estas razones, ya ha sido prohibido en 72 países.






Alianza por una Mejor Calidad de Vida (integrada por ANAMURI, OLCA y CIAL)




Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL)


Más informaciones:
RAP-AL: Fono/Fax 3416742
Correo electrónico: secretaria@rapal.cl
Avda. Providencia N° 365, oficina N°41, Santiago.
www.rap-al.org / www.rap-chile.com

domingo, 24 de octubre de 2010

Proyecto Minero Los Pumas y su impacto en las Comunidades Indigenas, el Medio Ambiente y todo Arica.

Antecedentes del proyecto Minero Los Pumas de la Empresa transnacional Hemisferio Sur y su impacto en las comunidades indígenas y el medio ambiente.
























Gentileza: Richard Fernandez






Pagina de la Empresa a nivel internacional:
Click aqui para mas informacion en ingles 

la empresa en su pagina oficial en ingles expresa entre otras lo siguiente:


* Que posee derechos de explotacion exclusiva por 50 años.


* Periodo inicial de la mina seria inicial de 7 años con pretenciones a 20 años.


* La fuerza de trabajo sera de 66 miembros de la compañia y que la empresa contratista emplearian a 150 hombres, esto sujeto a evaluacion.


* La empresa tiene planificado 9 proyectos mas, donde un programa agresivo de exploracion se llevara a cabo.

Todas estas afirmaciones contrastan con las promesas de mas trabajo y desarrollo a la region.
y esto reafirma la verdadera contaminacion y peligro que sera para todos los habitantes de arica y parinacota.


"Ganancias para unos pocos y contaminacion para todos"
 
Video Declaracion de la Junta De Vigilancia del Valle de Lluta
 

miércoles, 8 de septiembre de 2010

Emotiva carta de menor preso político Mapuche

Marri marri pü peñi, marri marri pü lagmien: 

Bueno, el motivo de esta carta es para recordarles que aún seguimos aquí, que nada ha cambiado desde el día de mi detención. Seguimos viviendo día a día la injusticia y los montajes hacia nuestro pueblo de parte de este Gobierno Racista, que hace 9 meses arrebató mi libertad.

9 meses han pasado ya, sin estar junto a mi familia;

9 meses de espera, de rabia y de dolor;

Por que hoy veo como mis hermanos arriesgan su vida en huelga de hambre.

Da mucha pena y rabia saber que hay que llegar hasta este punto, para que ahí, afuera, nos escuchen.

Pero a pesar de todo aún sigo firme, se mantiene la esperanza, aunque estos días se hagan eternos. Sé que pronto estaré con mi familia y veré un nuevo amanecer, por que no soy un Terrorista, como me acusa este gobierno traicionero y asesino, o ¿ya se olvidaron de Catrileo, Lemún y Collío?, porque yo no me olvido, porque nunca se hizo justicia por nuestros hermanos.

Entonces, como quieren que creamos en ellos, si siempre nos han mentido, igual como mienten sus testigos protegidos a través de montajes hacia nosotros, y nos encarcelan no por ser terroristas, sino por ser MAPUCHE.

Quiero agradecerle a esas personas que han estado apoyándome desde el día 1 hasta el día de hoy: muchas gracias. También a mi familia, que aunque el tiempo pase y las lágrimas siguen ahí, siempre los llevo en mi corazón. Pronto estaremos juntos.

Y les doy todo mi apoyo y mis saludos a mis peñis que hoy están en huelga de hambre en las distintas cárceles del país, en Temuco, Concepción, Angol, Lebu, Valdivia y aquí en la cárcel de menores de Chol- Chol.

Mucho Newen hermanos, libertad.

Cristian Cayupán M.
Menor Prisionero Político Mapuche- Lof Muko.
CIP-CRC Chol-Chol

Fuente: Mapuexpress
Imagen: PaisMapuche


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