miércoles, 3 de octubre de 2007

Aymaras versus minera trasnacional



AMBIENTE-CHILE:

Aymaras versus minera trasnacional
Indígenas demandan a minera por daño en bofedal

Una demanda en contra de la empresa minera Cerro Colorado por daño ecológico irreversible ocasionado en el sector Huantija, en Lagunillas, interpuso la comunidad indígena de Cancosa en la Corte de Apelaciones de Iquique. La acción judicial fue presentada por el abogado Jaime Silva, quien busca a través de la demanda que se indemnice económicamente a la comunidad indígena y que el daño sea reparado por los perjuicios que ha ocasionado la actividad de la empresa minera en los afluentes de agua y, por ende, en el desarrollo de sus actividades productivas. Recientemente, la Corema aplicó una multa de 47 millones de pesos a la Minera Cerro Colorado por el impacto ambiental producido por sus faenas.

Cancosa defiende su patrimonio cultural, es por eso que se adjunta la pagina donde se da a conocer la situacion en la que se encuentra la comunidad con la compañia minera con la cual existe el conflicto de daño ambiental por parte de la minera el cual es irreversible.





PICA, Chile, jul (IPS) - La comunidad aymara de Cancosa, en el altiplano chileno de Tarapacá, fronterizo con Bolivia, no cejará en su lucha por rehabilitar un humedal que fue desecado por la Compañía Minera Cerro Colorado (CMCC), filial de la anglo-australiana BHP Billiton.


Un lamento se le escapa a Antonio Mamani, dirigente de Cancosa, al ver el estado de las vegas y bofedales de la cuenca de Lagunillas, donde se bañaba cuando niño y donde hasta hace poco pastoreaban sus llamas y alpacas. Las vegas son tierras húmedas y los bofedales son ciénagas de páramo, ambientes típicos de humedal de la puna andina. En 2005, la gubernamental Dirección General de Aguas (DGA) estableció que este ecosistema se había secado por la extracción de agua subterránea realizada por la explotadora de cobre CMCC. Miembros de la comunidad de Cancosa, en la comuna de Pica, 170 kilómetros al este de la ciudad puerto de Iquique, aseguran poseer títulos de propiedad sobre ese vasto territorio, confirmados a IPS por Bob Brkovic, abogado de la gubernamental Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) de Tarapacá. Las vegas y bofedales, que se nutren de aguas superficiales y subterráneas, están legalmente protegidos desde 1992 ya que sirven de forraje y abrevadero de vicuñas, guanacos, llamas y alpacas, principal sustento de muchas comunidades indígenas aymaras, quechuas y atacameñas. Aunque Cancosa se compone de más de 80 familias, unas 350 personas, en la aldea en plena cordillera de los Andes, a 3.962 metros sobre el nivel del mar, hoy no quedan más de 10 integrantes. Otros 20 indígenas visitan el lugar para cuidar su ganado y sus plantaciones de quínoa, una planta alimenticia. Uno de ellos es Antonio Mamani, quien entre 1994 y 2000 se desempeñó como subdirector nacional de la Conadi y hoy trabaja en Iquique como secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios Rurales de Tarapacá. El resto han emigrado a zonas urbanas en busca de trabajo y educación para sus hijos. Pero, pese a su disgregación física, la comunidad ha estrechado lazos para defender parte de su territorio, que aspiran volver a ocupar. AYUDA MUTUA La relación con CMCC partió en los años 80, cuando la minera era de propiedad de la canadiense Río Algom. Tras la privatización de los derechos sobre los recursos hídricos dispuesta en 1981, la empresa solicitó derechos de aprovechamiento de agua por 300 litros por segundo del acuífero de la cuenca de Lagunillas, propiedad de Cancosa. Según Mamani, CMCC se acercó a los aymaras para entablar una relación de "ayuda mutua": la minera apadrinó a la comunidad y ésta le arrendó en 1991 el predio Huantija por un periodo de 30 años. La suma pactada fue de 6.000 dólares anuales, cancelada en cuatro cuotas trimestrales, que al cabo del periodo sumarán 180.000 dólares. Los aymaras utilizan ese dinero para diferentes proyectos de desarrollo y actividades culturales. La comunidad aceptó que CMCC realizara "trabajos de exploración tendientes a encontrar agua subterránea" e instalara los pozos necesarios para "alumbrarla". La única "limitación" era la prohibición de efectuar faenas en las vertientes y en la enorme laguna de Huantija aledaña al bofedal. CMCC, productor de 116.000 toneladas anuales de cátodos de cobre que extrae de un yacimiento a cielo abierto, comenzó sus operaciones en 1994. El agua que saca del acuífero de Lagunillas a través de tres pozos es trasladada por un acueducto de 76 kilómetros hacia la mina ubicada en la vecina comuna de Pozo Almonte. En 2000, la empresa fue adquirida por la británica BHP, que en 2003 se fusionó con Billiton. Y en 2002, la comunidad notó que el nivel de agua de la laguna había bajado y que las cinco vertientes de agua dulce y el bofedal se habían secado. "Nos sentimos engañados", exclama Mamani. La DGA constató en febrero de 2005 "un manifiesto daño ambiental sobre casi la totalidad del bofedal de Lagunillas". "Las especies que conforman el sistema vegetacional han muerto en grandes sectores del bofedal y en otros su condición es paupérrima", dice un informe del organismo. "El estado de degradación" era tal que "su autorrecuperación o recuperación natural ya no es posible", remarcó la DGA, y consideró que "existe suficiente evidencia que demuestra que se estaría ante una desecación del humedal debido a las extracciones de agua subterránea que realiza CMCC en la cuenca", pues el acuífero bajó en ocho metros su nivel. CMCC, que dice bombear 125 litros de agua por segundo, no reconoce su responsabilidad. La afectación del bofedal se debió a una inundación causada por las altas precipitaciones de 2001, "evento natural que se combinó con un efecto producto del bombeo, el que principalmente tuvo consecuencias en el flujo natural de las vertientes", indicó una fuente de la empresa a IPS. En marzo de 2005, la DGA recomendó a la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Tarapacá iniciar un proceso de sanción contra CMCC por incumplimiento de obligaciones ambientales. La minera se había comprometido a vigilar el comportamiento de la cuenca y a informar inmediatamente de algún impacto no previsto con el fin de revertirlo. No fue hasta febrero de 2006, casi un año después, que la Corema resolvió castigarla con las multas más elevadas (40 millones de pesos, unos 80.000 dólares) y enviar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para demandar judicialmente la acción de reparación de daño ambiental. Tras un año de alegatos de la empresa, en mayo de 2007 la Corema --integrada por autoridades locales, representantes de la ciudadanía y organismos técnicos-- decidió de forma unánime mantener la multa, pero, en votación dividida, no remitir el caso al CDE. La intendenta (representante del gobierno nacional) de la región de Tarapacá y presidenta de la Corema, Antonella Sciaraffia, dijo a IPS que se decidió no requerir la actuación del CDE porque los "organismos técnicos" evaluaron "positivamente" el sistema de mitigación que CMCC inició en el sector hace un año, pese a que, paradójicamente, éstos votaron a favor de seguir acciones legales. "El principal (resultado del plan) es que hay una reactivación de la vegetación en más de 60 por ciento del área del bofedal afectado, además de un aumento en la cobertura" vegetal, aseveró a IPS la minera. "Junto con ello, estamos aplicando pruebas de propagación vegetacional asistida y vamos a evaluar la reubicación del pozo más cercano al bofedal hacia un punto más lejano", agregó. Pero la directora de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) en Tarapacá, Sandra Peña, explicó a IPS que el bofedal se dividió en varias parcelas y que en sólo una de ellas se observa una recuperación. Además, Peña puso en duda la efectividad de este "círculo cerrado", dado que esa mitigación del daño implica el riego artificial de las vertientes con agua que la empresa bombea desde el mismo acuífero afectado. "Yo no soy tan optimista como la empresa", aclaró. Más aún, este plan todavía no ha sido aprobado por la Corema, proceso que podría durar un par de meses, y en el que se determinará si el humedal puede ser rescatado, de qué forma y en qué plazos, indicó la autoridad. Asimismo, de oficializarse el proyecto, la empresa deberá dejar establecido en algún documento legal que se preocupará de la reparación del sector después de terminadas sus operaciones en 2016, añadió Peña. La empresa asegura que su plan es a corto, mediano y largo plazo, inclusive más allá del fin de la explotación de cobre. ÚLTIMAS CONSECUENCIAS Desilusionada por la lentitud de los organismos públicos, la comunidad de Cancosa, dotada de personería jurídica desde 1995 de acuerdo con la Ley Indígena de 1993, presentó dos demandas contra CMCC. La primera es por indemnización de perjuicios por daño ambiental (por 40 millones de dólares), interpuesta el 25 de abril de 2006, y la segunda es por reparación de daño ambiental, entablada el 18 de abril de 2007. En ambos casos la discusión de fondo está paralizada por la presentación de recursos dilatorios de la empresa, aseguró a IPS Rodrigo Muñoz, abogado que representa a los aymaras. Ambos procesos pueden demorar hasta nueve años en obtener un fallo definitivo. Pero Muñoz y Brkovic creen que la comunidad obtendrá una sentencia favorable por la contundencia de los informes de la DGA, la jurisprudencia que se ha sentado en los últimos años a favor de los pueblos indígenas y el alto grado de movilización de la comunidad, que cuenta con varios profesionales entre sus miembros. Nancy Yánez, co-directora del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, que apoya a otras cinco comunidades del norte con problemas parecidos, aseguró a IPS que el caso de Cancosa "es emblemático porque es una muestra de cómo opera la minería en el altiplano". Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca), dijo a IPS que "no se puede desarrollar minería en cualquier lugar. Es hora de ponerle límites", pues cada día hay más proyectos que se instalan en la alta cordillera, cerca de glaciares o nacientes de cursos de aguas. Para la Conadi, la relación entre las mineras y las comunidades indígenas ha sido "nefasta", pese a la gran cantidad de recursos que entregan, porque han creado conflictos entre los grupos que reciben apoyo y los que no, generando un cierto grado de "subordinación". Cancosa no se niega a un acuerdo con la minera para recuperar el bofedal, pero esto depende de la voluntad de la empresa de invertir lo necesario. Piensan conversar directamente con los dueños de BHP Billiton para exponerles el caso y no descartan recurrir a instancias internacionales. "Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias por defender nuestros derechos, porque pensamos que el daño es muy grande. Nos ha dañado un patrimonio cultural, que ya no puede ser ocupado como destino turístico. Nuestros padres se han ido con el dolor de haber entregado inocentemente nuestra riqueza", concluyó Fidel Challapa, presidente de la comunidad.


fuente: Daniela Estrada, enviada especial

2 comentarios:

Anónimo dijo...

si bien este es un problema que esta presente en todo nuestro altiplano tanto como en la primera region y segunda, no podemos dejar de entender que la unificacion de nosotros como pueblos indiges es un tema muy inportante para hacer presente a la comunidad politica y social chilena que nuestros pueblos aymara y licalantay estan siendo destruidos desde su esencia que es nuestro territorio y agua, quisas el menoscabo y presiones que sufrieron nuestros dirigentes que aceptaron esta esploracion y esplotacion del recurso hidrico en nuestro territorio, no se comprenden al ver estas imagenes que reflejan el impacto ambiental, pero somos nosotros como estudiantes que mantengamos nuestros ideales indigenas y presionemos a nuestras autoridades a escucharnos como pueblos indigenas propio de este estado a la ratificacion de convenios que puede ser la unica via de establecer leyes dentro de nuestro ordenamiento juridico que ayuden a reconocernos como pueblos milenarios y asi proteger nuestro territorio y aguas.

Cristian dijo...

Jilakanata y kullakanaka hermanos y hermanas de Chile.

El caso que leíamos del irreversible daño ambiental al sector Huantija, en Lagunillas un bofedal cercano a la comunidad de Cancosa (primera region, iquique)por parte de la minera cerro colarado y su explotacion mineral en terrenos ancestrales, no es caso exepcional, mucho de esto se ha sufrido y se sigue sufriendo en las comunidades likan antai de la segunda región y las comunidades collas de la tercera y en muchas otras partes del mundo, en pos de un supuesto desarrollo economico (solo para algunos sectores privilegiados)que solo durara un par de años.

Ahora ya se empieza a instalar los proyectos mineros en nuestra region de Arica y Parinacota, no dejemos que la belleza de nuestros bofedales, de nuestros valles, de nuestros rios y lagos se convierta en desierto. Esto provocaria un exodo mas acelerado de nuestros hermanos del interior, que son los que velan por nuestra cultura. La comunidad de Murmuntani (comuna de Pute) puede ser un ejemplo, cada dia corre menos agua por los canales, se puede ver como las terrazas de cultivo estan abandonadas, como se riegan menos papas, oregano, choclo etc.afectando la vida de nuestos hermanos. Estos terenos ancestrale pueden volver a tener el interes social de antaño, tecnologizando las actividades productivas, desarrolando el turismo etnico, patrimonial cultural y natural, pero siempre con el sello de participacion de las comunidades originarias y respetando y valorando su cultura ancestral. La mineria dura un tiempo, pero tiempo no tendra nuestra tierra para recuperse de un inminente e irreversible daño ecologico.
Es por esto que se hace imprecindible que se apruebe ya el convenio 169 de OIT en el senado nacional, ya que en cierta medida protege nuestros recurso como son el agua y la tierra de la ambicion de los poderosos, ya que como se ha podido comprobar la debil legislacion que nos ampara en esta materia, como pueblos originarios, a quedado relegada a un segundo plano en relacion a los intereses economicos de los grupos privilegiados. Se tiene que llegar a un gran concenso nacional entre los pueblos originarios y lograr una fuerte legislacion medioambiental,para que de forma urgente se pueda proteger nuestros recursos ambientales, en pos de que las futura generaciones puedan disfrutar de estas tambien, este deteriro medioambiental a parte de afectar a nuestro planeta ha hecho que nuestras comunidades ancestrales esten desapareciendo, al ver como su agua, bosques y tierra se estan mermando. esto trae consigo tambien un importantisimo problema, el deterioro, y paulatina perdida de nuestra cultura (identidad) abandonando nuestra tierra se empiezan a perder rasgos de nuestra cultura, como nuestra cosmovision, nuestra forma de socializar entre nosotros y con nuestro medio, nuestra costumbres y en definitiva a perderse ese rasgo distintivo, unico que nos caracteriza, que nos dice que somos valiosisimos en esta sociedad, que somos capaces de entregar dia a dia un aporte a este mundo. En cierta mediada nuestros pueblos indigenas somos un agente importante en la proteccion de nuestro mundo, porque hemos convivido milenios con este, de una forma armoniosa y reciproca, respetando, amandola.
Es por esto que hago un llamado, de la manera mas humilde, a proteger nuestra tierra (pachamama), a ser participes activos en la proteccion, dia a dia, que unos pocos no decidan por nosotros, levantemos la voces y acusemos los daños ambientales que nuestro pais esta amparando, nunca mas al progreso de la destruccion. Hermanos y hermanas levantemonos y avanzemos juntos en el cuiddado y respeto de nuestra tierra, de nuestro hogar...


yatiri... el que sabe
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